¿Control Gubernamental o Afán Sancionador? El Calvario de los Servidores Públicos y Contratistas estatales ante la Contraloría

El Derecho Administrativo en Ecuador atraviesa una de sus crisis más profundas. Como abogados que litigamos a diario en defensa de servidores públicos y contratistas del Estado, observamos con alarma y preocupación cómo la Contraloría General del Estado (CGE) ha pasado de ser un órgano de control técnico a una maquinaria sancionatoria desproporcionada, a menudo desconectada de la realidad operativa y de la norma procesal vigente.

1. La "Era de las sanciones Millonarias" y el Afán Recaudatorio

En los últimos meses, las predeterminaciones de responsabilidad han alcanzado cifras astronómicas: desde decenas de miles hasta millones de dólares. Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿Es este un control de legalidad o una respuesta a presiones políticas y presupuestarias?

La potestad de control no es un cheque en blanco. La auditoría debe buscar la eficiencia, pero hoy vemos un enfoque puramente punitivo que parece intentar a través de sanciones "llenar las arcas" estatales a costa del patrimonio personal de quienes gestionan o colaboran con el Estado.

2. La "Prueba Diabólica": Exigir lo Imposible

Uno de los atropellos más recurrentes en los informes de Contraloría es la exigencia de demostrar hechos negativos, una práctica que en derecho se conoce como la "prueba diabólica" por su imposibilidad de ejecución.

La CGE pretende que el administrado demuestre que algo no sucedió o que un documento no existe, contraviniendo expresamente nuestro ordenamiento jurídico:

• El Código Orgánico Administrativo (COA), en su Art. 195, prohíbe exigir a los administrados la prueba de hechos negativos.

• El Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en su Art. 163, establece que los hechos imposibles no requieren prueba. No existe nada más imposible que certificar la inexistencia de un acto en un contexto de caos administrativo.

Este hecho resulta notoriamente contrario a la norma, pero que si no se maneja estratégicamente podría complicar la defensa a futuro, considerando que el instrumento que deberá debatirse, es la Resolución Administrativa confirmatoria de multa, glosa u orden de reintegro, la cual últimamente se está basando en una "falta de documentación", misma que sí se encontraba disponible al momento de sus respectivas operaciones administrativas.

3. El Olvido Selectivo de la Pandemia (2020-2021)

La Contraloría audita hoy los años 2020 y 2021 con el rigor de un año normal, ignorando que el país se detuvo por el COVID-19. Se exigen trámites físicos y autorizaciones que eran físicamente imposibles de obtener cuando:

• Las instituciones estaban cerradas y el personal en teletrabajo.

• No existían firmas electrónicas masificadas ni flujos documentales ordinarios.

• Hubo una ruptura en la custodia de información por el fallecimiento o desvinculación de funcionarios clave.

Sancionar al día de hoy por no presentar un papel, requisito, formulario, que era imposible generar en 2020 vulnera el principio universal "Ad impossibilia nemo tenetur" (Nadie está obligado a lo imposible), lo cual debe ser suficientemente explicado ante el Tribunal.

4. El Contratista: Entre el Impago y la Persecución

Por otra parte, muchos contratistas han entregado obras y servicios a entera satisfacción, pero enfrentan un doble castigo. Por un lado, las entidades retienen pagos de forma arbitraria ante cambios de administración. Por otro, la Contraloría aparece para glosar civilmente al contratista por supuestos incumplimientos de forma, ignorando que en muchos casos es el Estado que ha incumplido con su obligación de la conservación de los documentos del proceso contractual. Es jurídicamente ofensivo que se pretenda quebrar a los proveedores mediante sanciones cuando han cumplido con lo pactado en los contratos, incluso en condiciones adversas, habiendo sido aprobados los pagos con las aprobaciones pertinentes previo a la cancelación económica de la obligación.

Conclusión: No todo está perdido, sin embargo el camino es largo.

A pesar de la magnitud de las glosas y la rigidez de los informes de auditoría, es fundamental recordar que no todo está perdido. Claro, que cada caso es distinto, pero generalmente la clave del éxito en estos procesos radica en la preparación técnica desde el primer momento para una defensa estratégica.

La defensa contra la Contraloría no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entendemos que estos casos pueden llevar mucho tiempo y, en la mayoría de las ocasiones, desembocan en un complejo litigio en la vía contenciosa administrativa ante los tribunales. Sin embargo, contar con una estrategia sólida desde la fase administrativa es lo que marca la diferencia entre salvar o perder el valor que se imputa. Es un trabajo minucioso, en el cual se debe analizar los instrumentos, recopilar documentación probatoria y contrastar la normativa aplicable a cada caso particular, en conjunto con una base de sentencias de referencia. Es así, que no basta con un "copia y pega", o una redacción infinita de disposiciones legales, puesto que los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, realizarán un examen profundo de todo lo que se encuentra incluido en el expediente de la auditoría, de forma que pueda demostrarse la inexistencia de responsabilidad o del perjuicio económico alegado por el órgano de control, a través de la exposición fáctica de los hechos vinculantes o eximentes del administrado. 

Sin embargo, en MYB Consultores contamos con la experiencia y el conocimiento profundo del Derecho Administrativo y Procesal para afrontar estas defensas con éxito. Sabemos cómo desarticular glosas injustas y cómo presentar al Tribunal una teoría del caso sustentada para lograr que la ley prevalezca sobre la arbitrariedad.

¿Ha sido notificado por la Contraloría? No espere a que el tiempo se agote.

El momento de blindar su defensa es ahora.